La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que investiga el siniestro ferroviario de Adamuz ha decidido unificar todas las acusaciones populares bajo la representación legal de Vox. La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento y el Sindicato Español de Maquinistas (Semaf) han anunciado que recurrirán la medida.
El accidente, ocurrido el domingo 18 de enero, se saldó con 46 fallecidos y más de 120 heridos. La instructora, Cristina Pastor, comunicó su decisión este viernes por la mañana, según confirmó la asociación de víctimas.
Unificación por eficiencia procesal
La resolución se basa en la doctrina del Tribunal Supremo de 2024, que establece que, ante la falta de acuerdo entre las acusaciones populares, la representación recae en la primera que la haya solicitado. En este caso, Vox fue la primera en personarse.
Además de Vox, en la causa están presentes Hazte Oír y la Asociación Víctimas de los Políticos. La jueza dejó fuera a los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, así como a la Junta de Andalucía, que también habían mostrado interés en personarse.
La Fiscalía se mostró a favor de la unificación al considerar que el elevado número de acusaciones afecta al buen orden del procedimiento y existe identidad de intereses. Por ello, pidió que se aplicara el criterio de prioridad temporal.
Reacciones y recursos
Vox se opuso inicialmente a la unificación, alegando falta de motivación y defensa de la acción popular como derecho fundamental. Sin embargo, la jueza ha determinado que corresponde a su representación procesal asumir la defensa común.
La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha argumentado que los fines de las distintas acusaciones son diferentes y que existe un trato discriminatorio al aplicar el criterio de prioridad temporal. Consideran que sus objetivos se centran en la defensa de los intereses de las víctimas y la búsqueda de la verdad.
Semaf también se opuso, destacando su especial cualificación técnica y su interés en la seguridad laboral y la protección de los trabajadores ferroviarios. El sindicato sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Ambas partes han anunciado que recurrirán la decisión judicial. La causa continúa su curso bajo la dirección de la jueza Cristina Pastor.