El mercado de la vivienda en Vigo muestra un desequilibrio cada vez más acusado. Según los datos que maneja el BNG, la ciudad cuenta con aproximadamente 2.000 pisos turísticos frente a solo unas 300 viviendas disponibles para alquiler residencial. Esto supone una proporción de casi siete inmuebles destinados al turismo por cada piso ofrecido para vivir de forma habitual.
Esta situación será uno de los ejes del debate que el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, llevará este martes al Consello da Xerencia de Urbanismo. La formación nacionalista quiere respuestas concretas del Ayuntamiento sobre el control de las viviendas de uso turístico (VUT).
Preguntas sin responder
El BNG exige saber cuántas inspecciones se han realizado, cuántos expedientes sancionadores se han abierto y cuántas viviendas irregulares se han comunicado a la Xunta para su retirada del registro. «A pregunta é moi sinxela: que está facendo o Concello? Cantas inspeccións realizou? Cantos expedientes abriu? Cantos pisos turísticos ilegais está reclamando que sexan retirados do rexistro da Xunta?», plantea Igrexas.
La formación sostiene que la expansión de los pisos turísticos coincide con una fuerte subida de los alquileres. Según sus cálculos, el precio del alquiler en Vigo ha aumentado un 70% desde 2016, más del doble que el IPC general en ese mismo periodo. A esta presión se suma el crecimiento de los alquileres de temporada, que reducen aún más la oferta estable.
«Os datos son dramáticos e demostran un desequilibrio insostíbel», afirma el portavoz nacionalista.
La ordenanza, insuficiente sin inspección
El BNG considera que la ordenanza municipal que regula las VUT es insuficiente si no va acompañada de controles sobre el terreno. Por eso propone crear un Plan Municipal de Control e Inspección de las VUT, con medios específicos para verificar su legalidad, condiciones de habitabilidad y seguridad, y el cumplimiento de la normativa urbanística.
«A ordenanza municipal demostrou ser un auténtico bluff, un instrumento baleiro se non vai acompañado de vontade política, inspección e sanción», sostiene Igrexas. Además, reclama que el Concello ejerza sus competencias urbanísticas y no se limite a derivar los casos a la Xunta. «Non vale escusarse no rexistro da Xunta, que é un auténtico coadoiro sen filtros. O Concello ten competencias urbanísticas claras e ten a obriga de fiscalizar a legalidade, a habitabilidade e a seguridade destas vivendas», señala.
La cuestión llega al Consello da Xerencia de Urbanismo después de que el BNG ya reclamase en julio un plan municipal específico para controlar las viviendas turísticas. Entonces situaba la relación en casi ocho pisos turísticos por cada vivienda disponible para alquiler, una cifra que ahora vuelve a poner sobre la mesa en pleno debate sobre la falta de oferta residencial.
El partido pide también que se facilite a las comunidades de propietarios la aplicación de las herramientas legales que permiten limitar determinados usos turísticos de los edificios. «Temos que poñer fin a esta barra libre especulativa. O negocio duns poucos non pode seguir negando o dereito fundamental á vivenda e expulsando a nosa veciñanza dos barrios de Vigo», concluye Igrexas.
El BNG insiste en que el Concello debe asumir un papel activo en la fiscalización de las viviendas turísticas y advierte de que la situación actual expulsa a los residentes de los barrios de la ciudad.