Un fenómeno inquietante se está extendiendo entre las empresas que gestionan alquileres vacacionales en Vigo y su área metropolitana. Turistas extranjeros que reservan estancias a través de plataformas como Airbnb o Booking se niegan a abandonar los inmuebles cuando finaliza el periodo contratado y, además, extorsionan a los propietarios: o les pagan una cantidad, habitualmente unos 3.000 euros, o no se van.
Los casos se han repetido en los últimos tiempos tanto en la ciudad olívica como en municipios como Baiona o Vilagarcía. Una de las firmas con más pisos turísticos en Vigo, que prefiere mantener el anonimato por razones de imagen, ha sufrido varios episodios similares en el último año y subraya que los implicados son siempre visitantes procedentes del extranjero.
Negociaciones y pagos en efectivo
Cuando los responsables de la empresa intentan mediar, la respuesta es invariable: exigen una suma concreta para marcharse. Aunque lo habitual ronda los 3.000 euros, ha habido casos en los que la reclamación superó los 10.000 euros. Ante la falta de soluciones legales rápidas, muchos propietarios acaban pagando en efectivo, la única vía que los inquilinos aceptan.
La situación se agrava porque algunos de estos turistas han llegado a permanecer más de ocho meses en la vivienda sin abonar nada y negándose a salir hasta que el dueño cediera a la extorsión. «Tenemos claro que son gente que está organizada, porque no es normal lo que está pasando. Se conocen todas las triquiñuelas legales y la ley no nos permite hacer nada para recuperar la propiedad», asegura uno de los responsables de una empresa de alquileres vacacionales de Vigo.
Pese a que se han presentado denuncias con los datos de los huéspedes, los juicios siguen pendientes, lo que ha llevado a muchas empresas a pagar para recuperar la vivienda y volver a ponerla en el mercado.
Mafias y desalojos exprés
Preocupa que detrás de estos inquilinos que se atrincheran pueda haber mafias que utilizan estas prácticas para obtener un rédito económico. En estos casos, al igual que con okupas o morosos en alquileres convencionales, el proceso judicial para recuperar la propiedad puede alargarse durante meses, especialmente si hay niños en el inmueble o se determina que se trata de una familia vulnerable.
Ante esta situación, algunos propietarios y empresas están recurriendo a firmas de desalojo exprés, cuyo coste ronda también los 3.000 euros. Un ejemplo reciente: una pareja con un niño pagó diez días de estancia a través de una plataforma online y, al terminar, se negó a abandonar el piso. La familia del dueño, al ver que la Policía no podía actuar, contrató a una empresa de desalojo que en quince días recuperó la vivienda sin pagar los 12.000 euros que los turistas exigían.
El sector del alquiler turístico en Vigo afronta así un problema añadido a las restricciones normativas y a la presión del mercado, mientras los afectados reclaman herramientas legales más ágiles para proteger sus propiedades.