Sanciones de Trump a la CPI: un intento de proteger a criminales de guerra

Sanciones de Trump a la CPI: un intento de proteger a criminales de guerra

La administración Trump ha dado un paso más en su cruzada contra la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer sanciones a dos altos funcionarios más del tribunal. Con estas nuevas medidas, el número de juristas sancionados asciende a 13, una cifra que no cambia la naturaleza ilegal de esta misión según el análisis de Kenneth Roth.

Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, buscan hacer que el mundo sea seguro para los criminales de guerra estadounidenses e israelíes, y nadie debería permitírselo. Los últimos afectados por esta venganza son la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane de Japón, y Abdoulaye Seye de Senegal, un abogado principal del tribunal, aparentemente por su papel en el avance del procesamiento de funcionarios israelíes.

El impacto de las sanciones

Las sanciones impuestas por Estados Unidos privan a los afectados del uso del sistema financiero internacional, sin tarjetas de crédito ni acceso a bancos, lo que dificulta enormemente su vida en una economía moderna. Esta herramienta, antes reservada para funcionarios corruptos o violentos, ahora se utiliza contra quienes buscan llevar a esos individuos ante la justicia.

Rubio ha justificado las sanciones con retórica sobre la soberanía estadounidense, pero el análisis señala que solo sería válida si Estados Unidos e Israel tuvieran un derecho soberano a cometer crímenes de guerra en cualquier lugar. La queja principal de Rubio es que la CPI puede investigar a funcionarios de países que no han consentido su jurisdicción, pero esto ignora el principio de jurisdicción territorial.

La jurisdicción territorial de la CPI

Cuando un país se une a la CPI, acepta su jurisdicción sobre crímenes cometidos en su territorio, incluso por extranjeros. Este principio es un sello de la soberanía y fue aceptado por la comunidad internacional en la conferencia de Roma de 1998, con una votación de 120 a 7. Incluso el gobierno de Biden consideró justificada la acusación contra Vladímir Putin por crímenes en Ucrania, un país miembro de la CPI.

Sin embargo, Trump considera esta jurisdicción tóxica cuando se aplica a Israel, como en el caso de Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes en Gaza. La jurisdicción territorial también podría aplicarse a funcionarios de países no miembros que ayuden a cometer crímenes, como los Emiratos Árabes Unidos en Sudán o Ruanda en la República Democrática del Congo.

Posibles consecuencias legales

El artículo 70 del Estatuto de Roma codifica el crimen de obstrucción a la justicia cuando se retali contra funcionarios de la CPI por sus funciones. Las sanciones de Trump y Rubio podrían constituir exactamente eso, y la CPI tendría jurisdicción porque se relacionan con el procesamiento de funcionarios israelíes por crímenes en territorio palestino.

Rubio ha prometido desmantelar la CPI "ladrillo a ladrillo, si es necesario", pero hasta ahora ha tenido pocos resultados entre los 125 miembros del tribunal. Solo Venezuela y Chad han anunciado su retirada, mientras que la Unión Europea no ha invocado su estatuto de bloqueo para proteger al personal de la CPI, aparentemente por temor a represalias de Trump contra los bancos holandeses.

La defensa de la CPI por parte de sus supuestos defensores más cercanos no ha sido vigorosa, y la UE puede hacer más para proteger el estado de derecho frente a los intentos de Trump de permitir que estadounidenses e israelíes cometan crímenes con impunidad.