Sanciones a medios por informar sobre policías infiltrados

Sanciones a medios por informar sobre policías infiltrados

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un frente contra varios medios de comunicación por destapar las infiltraciones policiales en movimientos sociales. La Directa, Vilaweb y el Diari de Balears se enfrentan a multas de miles de euros y a la orden de retirar sus investigaciones, una medida que ha sido calificada como un ataque directo a la libertad de prensa.

Los hechos se remontan a junio de 2022, cuando el periódico catalán La Directa publicó un reportaje sobre la infiltración de un agente de la Policía Nacional en varios colectivos sociales de Barcelona. El agente, conocido como Marc, pasó dos años ganándose la confianza de activistas que luchaban contra la especulación y por el derecho a la vivienda, sin que su actuación destapara ninguna trama criminal.

Unos meses después, el mismo medio reveló un segundo caso en el que un agente había mantenido relaciones sexoafectivas con personas a las que engañaba. Desde entonces, más de una decena de agentes infiltrados han sido descubiertos en distintas partes del país, como Barcelona, Girona, València o Madrid, lo que evidencia una operación planificada y aún en marcha.

Ahora, la AEPD ha actuado contra los medios que investigaron estos hechos. La Directa fue la primera en recibir una sanción, seguida de Vilaweb y el Diari de Balears, a los que se les exige retirar los artículos publicados. Esta reacción institucional ha sido interpretada como una forma de censura y un intento de proteger a los agentes implicados.

La respuesta del Gobierno ha sido cerrar filas con la policía, justificando estas prácticas y despreciando el daño causado a las víctimas. Sin embargo, los medios afectados han denunciado que se trata de una persecución política, y han puesto en marcha una campaña de solidaridad bajo el lema 'Sancionan a quien investiga, protegen a quien se infiltra'.

El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la acción policial y el periodismo de investigación. Mientras tanto, la difusión de estas informaciones parece imparable en la era de internet, y las autoridades deberían centrarse en la incompatibilidad de estas prácticas con un sistema democrático.

La falta de reacción de otros medios y de la opinión pública ha sido señalada como un síntoma preocupante, ya que la persecución contra quienes investigan no solo afecta a la profesión periodística, sino a toda la ciudadanía y su derecho a estar informada.