La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada en España, ha provocado una profunda conmoción internacional. El relator especial de la ONU para el derecho a la vivienda, Koldo Casla, ha sido una de las voces más críticas y se ha preguntado abiertamente: "¿Cuánta rentabilidad compensa tanta crueldad?". Sus declaraciones llegan en un momento en que el caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de vivienda en el país.
Casla, que se encontraba en una misión oficial de Naciones Unidas en Ghana, ha lamentado que la muerte de Maricarmen no sea un hecho aislado. En su opinión, evidencia una carencia estructural de la normativa española, que hasta la entrada en vigor de los nuevos decretos no garantizaba un análisis de proporcionalidad de las circunstancias personales antes de ejecutar un desalojo. "No se protegía adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad", ha señalado.
Un problema de ley y de gestión
El relator ha puesto el foco en la Ley de Juiciamiento Civil, que regula los desahucios en España. Considera que su reforma es urgente para que se evalúe cada caso de forma individual y se evite que personas mayores o enfermas pierdan su hogar sin alternativas. Además, ha criticado la gran disparidad entre comunidades autónomas y ayuntamientos a la hora de responder ante situaciones de riesgo de desalojo.
Aunque no ha podido analizar en detalle los nuevos decretos de vivienda por encontrarse fuera del país, Casla insiste en que lo esencial es que la norma proteja a los más vulnerables y, a medio plazo, frene la especulación. "Si hay empresas que van a dedicarse a la compra y a la gestión de alquileres, hay que asegurarse de que lo hacen cumpliendo con determinadas normas", ha afirmado.
El relator también ha defendido la necesidad de un control democrático del mercado del alquiler. Según su análisis, la presencia mayoritaria de empresas arrendadoras no es incompatible con el derecho a la vivienda si existe una regulación que lo garantice. En este sentido, ha subrayado que la vivienda pública debe ser una prioridad: "España ha invertido muchísimo dinero en vivienda protegida con dinero público de todos los contribuyentes durante los últimos setenta y pico años, pero esa vivienda se terminó por privatizar", ha recordado. Por ello, pide que la vivienda pública que se construya en el futuro permanezca pública para siempre.
El poder de los derechos humanos está en la calle
Casla ha elogiado la reacción social que ha provocado la muerte de Maricarmen. A su juicio, España está demostrando que existe "un caldo de cultivo para una movilización extraordinaria a favor del derecho a la vivienda" y se ha convertido en un ejemplo para otros países. Sin embargo, ha advertido que el poder real de los derechos humanos no reside en las instituciones internacionales, sino en lo que sucede en las calles y en las plazas.
El relator, que ha visitado numerosos países, ha puesto como ejemplo el caso de Ghana, donde un 30% de la población vive en situación de informalidad y un 40% en ciudades de alquiler. Allí, aunque la norma no es mala, el monitoreo es deficiente. "Allá donde voy, se observa que, con muchísimas diferencias, hay un gran interés tanto por los poderes públicos como por la sociedad organizada por encontrar soluciones basadas en derechos", ha concluido.
La muerte de Maricarmen sigue generando reacciones y ha llevado el debate sobre la vivienda al ámbito internacional. Las autoridades españolas aún no se han pronunciado sobre las declaraciones del relator, mientras la sociedad civil continúa movilizándose para exigir cambios profundos en la política de vivienda.