El empresario Francisco Gayá ha interpuesto una querella criminal contra Madrid Network y seis de sus máximos responsables por el uso fraudulento de fondos públicos. La denuncia, ampliada por posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, estafa agravada, administración desleal, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales, sostiene que las prácticas de la entidad provocaron la quiebra de su empresa, Flightech Systems.
Según el relato de Gayá, el acuerdo con Madrid Network consistía en sustituir los avales personales que había aportado para obtener un préstamo de 1,5 millones de euros por la garantía de un avión construido por su compañía, valorado en 2,6 millones. Sin embargo, la entidad no habría liberado las cargas personales y además habría añadido la prenda sobre la aeronave, lo que llevó a la empresa a la suspensión de pagos y, finalmente, a la quiebra.
Asfixia patrimonial y conflicto de intereses
La querella señala que los denunciados utilizaron de forma desviada sus poderes de representación, abusando de su posición dominante para actuar en nombre de ambas partes de la relación jurídica. "Bajo un flagrante conflicto de intereses", habrían firmado unilateralmente una escritura que, lejos de liberar las garantías familiares, impuso una carga adicional sobre la aeronave EC-LYG, manteniendo al querellante en una "posición de asfixia patrimonial injustificada".
El documento califica la ampliación de garantías como un acto de carácter "puramente cosmético e institucional", destinado a aparentar una gestión eficiente del crédito que, en realidad, condujo a la mercantil a la declaración voluntaria de concurso. Gayá acusa a Madrid Network de emitir facturas de contenido falso y de contribuir a una estructura de organización criminal, en la que también estarían implicados funcionarios y políticos del Partido Popular.
Comisiones millonarias y fondos europeos
La querella describe un procedimiento en el que Madrid Network cobraba un 6% de cada desembolso de los préstamos a los prestatarios. Ese porcentaje no se estipulaba en el contrato inicial, sino en una adenda posterior que coincidía con el primer desembolso, lo que podría conllevar la nulidad del contrato. Las comisiones podrían superar los cinco millones de euros y habrían servido para pagar sueldos de personas vinculadas al PP que trabajaban en el conocido como 'chiringuito' creado por Esperanza Aguirre, entre ellas Isabel Díaz Ayuso, quien se encargaba de Comunicación.
El dinero procedería de fondos europeos, y el pago del 6% se justificaba como servicios y asesoría de gestión. La Comunidad de Madrid lleva años negándose a informar sobre el destino de más de 80 millones de euros recibidos de la Administración General del Estado procedentes de la Unión Europea. Por ello, los abogados de Gayá solicitan que el asunto se eleve a la Fiscalía europea y que no se aborde por la vía civil, dado el carácter público de los fondos.
La querella también pide que testifiquen los expresidentes y el actual de la Comunidad de Madrid —Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán y la propia Ayuso—, así como los consejeros de Economía y Hacienda durante el periodo investigado. El caso sigue su curso después de que un auto anterior fuera revocado por falta de fundamento suficiente, y ahora se reclaman diligencias adicionales para esclarecer los hechos.