El Partido Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley navarra de vivienda que blinda de forma permanente la calificación de 2.248 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de alquiler. La norma fue aprobada por el Parlamento foral en junio para impedir que estas viviendas, construidas hace 21 años, pierdan su calificación al vencer el plazo legal. El Gobierno de Navarra ha defendido su legalidad y ha acusado al PP de generar "inseguridad jurídica" a las familias residentes.
Defensa de la norma y acusaciones cruzadas
La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha subrayado que la ley fue avalada "por informes jurídicos rigurosos y por jurisprudencia consolidada". Alfaro ha afeado al PP que pretenda dar "inseguridad jurídica" a las familias que residen en esas viviendas y que se han visto "beneficiadas" por la nueva ley. Además, ha anunciado que si el Constitucional admite el recurso, el Gobierno de Navarra se personará para "defender a las familias". "Ya le dejamos al Partido Popular la defensa de los buitres", ha dicho, para añadir: "Si forma parte de una estrategia electoralista, será todavía más ruin".
El presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha justificado el recurso asegurando que la ley "vulnera claramente la seguridad jurídica" y que, sin ella, "no se va a construir una sola vivienda en la comunidad foral". Sayas ha criticado la política de vivienda del Gobierno de María Chivite, equiparándola a la del Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
Fechas clave y posible suspensión cautelar
De las 2.248 viviendas afectadas, 123 perderían su calificación en febrero de 2027 y otras 67 en agosto de ese mismo año. Según fuentes del Gobierno de Navarra, si el Constitucional adoptase como medida cautelar la suspensión de la norma mientras estudia el recurso, esas viviendas podrían verse afectadas por la pérdida de la calificación, aunque confían en que los magistrados no adopten esa medida.
El recurso del PP se ha presentado un día después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, en pleno debate sobre los decretos de vivienda. Navarra, donde los precios del alquiler están topados en 21 municipios, es una de las comunidades donde menos ha subido el precio de la vivienda.
El Gobierno de Navarra mantiene su defensa de la legalidad de la norma y su compromiso con las familias beneficiadas, mientras el PP insiste en que la ley vulnera la seguridad jurídica. La decisión final quedará en manos del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la admisión y, en su caso, sobre la suspensión cautelar de la norma.