El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha impuesto dos sanciones que en conjunto superan los 100.000 euros a Francisco Javier Gutiérrez San Andrés, responsable de una asociación de agricultores urbanos. El motivo: la división de una finca rústica de 17.000 metros cuadrados en la que 85 familias cultivan sus propios alimentos y comparten actividades al aire libre. El consistorio considera que esta distribución constituye una parcelación ilegal en suelo no urbanizable, mientras los usuarios defienden la continuidad del proyecto.
Un proyecto agrícola y social con cinco años de recorrido
La actividad se desarrolla en la zona de Los Desmontados, próxima al Camino de El Juncal. La iniciativa arrancó hace unos cinco años, cuando su impulsor alquiló el terreno para habilitar parcelas individuales de cultivo. Con el tiempo, el número de participantes creció hasta los 85 actuales, entre los que hay jubilados, personas desempleadas y familias que complementan su alimentación mediante el autoconsumo.
La asociación se constituyó formalmente en 2023, aunque el contrato de arrendamiento del terreno se había firmado antes a título personal por su presidente. Esa circunstancia explica que los expedientes sancionadores se dirijan contra él y no contra la entidad. Las parcelas cuentan con cerramientos, toldos y carpas desmontables, pero, según los responsables, no se han levantado construcciones permanentes.
Una queja vecinal desencadenó la actuación municipal
El origen de la intervención municipal se sitúa en las molestias causadas por una reunión que se prolongó más allá del horario permitido. Según el relato del presidente de la asociación, una queja vecinal motivó la presencia de la Policía Local. Después, los servicios de Urbanismo inspeccionaron el recinto y concluyeron que la distribución de los huertos constituía una parcelación no autorizada.
El Ayuntamiento sostiene que la actuación no se ajusta a la normativa aplicable al suelo rústico y señala que el expediente lleva varios años tramitándose. Las dos sanciones conocidas superan los 100.000 euros y ya se encuentran en fase ejecutiva a través de la Diputación Provincial de Cádiz. El promotor también podría recibir nuevas multas relacionadas con el mismo conflicto. No consta una resolución que determine si existe alguna alternativa de regularización.
Defensa del valor social y posibles protestas
Más allá del impacto económico para su responsable, la situación afecta a decenas de personas que utilizan las parcelas como espacio de convivencia. Algunos participantes llevan varios años cultivando sus huertos. Es el caso de Víctor, un ingeniero industrial jubilado de 83 años que encuentra en esta actividad una forma de mantenerse físicamente activo y conservar sus relaciones sociales. Otros usuarios han recurrido al trabajo agrícola para sobrellevar circunstancias personales difíciles, como la pérdida de familiares o la soledad.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Federación Hermandad Andaluza Gitana, cuyo presidente provincial, José de los Ríos Núñez, ha mostrado su apoyo a las familias afectadas. Desde este colectivo consideran desproporcionadas las sanciones impuestas a una actividad que, defienden, tiene una finalidad agrícola y social. La federación ha advertido de que podría convocar movilizaciones si no se paralizan las multas.
Por ahora, el enfrentamiento sigue abierto entre la interpretación urbanística del Ayuntamiento y la petición de los usuarios de conservar unos espacios que forman parte de su vida cotidiana.