Moreno cede a Vox la valoración de víctimas de violencia de género en Andalucía

Moreno cede a Vox la valoración de víctimas de violencia de género en Andalucía

El Gobierno andaluz ha traspasado a Vox la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, un servicio público que el partido de Santiago Abascal había pedido "depurar" por su supuesto "sesgo ideológico". Estas unidades, adscritas a la Consejería de Justicia que dirige el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, son las encargadas de elaborar los informes psicosociales sobre mujeres maltratadas.

La cesión se ha materializado a través de los decretos de estructura de cada departamento aprobados por el Consejo de Gobierno, que atribuyen a la Consejería de Justicia la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia y de las unidades de valoración integral de violencia de género. También incluye el impulso de protocolos de actuación en esta materia.

Un historial de hostilidad hacia estos servicios

La llegada de Vox a estas competencias no es casual. En 2019, cuando el partido entró en el Parlamento andaluz con 12 diputados, su entonces líder regional, el juez Francisco Serrano, presentó un escrito solicitando "una relación detallada con los nombres y apellidos" de los trabajadores públicos de estas unidades. La petición incluía a psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses de las ocho provincias andaluzas.

En aquel momento, Vox denunciaba que muchos de esos informes estaban basados en criterios "políticos" y aspiraba a "depurar" entre los funcionarios "formados y acreditados" y los que se movían por "motivos ideológicos". El Ejecutivo andaluz no llegó a entregar la lista, amparándose en la Ley de Protección de Datos, pero ahora el partido ultracontrola directamente el servicio.

Un margen de actuación limitado

A pesar de la cesión, fuentes del PP andaluz señalan que la Consejería de Justicia tiene un margen de gestión muy acotado, al tratarse de una "administración prestacional" con competencias que dependen en gran medida del Ministerio del ramo. Gavira no puede dar órdenes a los funcionarios de Justicia ni reclamarles un trabajo concreto, y tampoco puede eliminar las unidades de valoración, ya que están blindadas por una ley estatal.

Sin embargo, el vicepresidente andaluz sí podría modificar los protocolos de actuación de estas unidades o recortarles el presupuesto para suprimir los refuerzos de personal, aunque ello podría generar conflicto con los sindicatos del sector y con su socio de Gobierno.

El pacto de Gobierno y las "leyes ideológicas"

El acuerdo suscrito entre PP y Vox que ha hecho presidente a Juanma Moreno por tercera vez incluye el compromiso de "revisar y, en su caso, derogar" las leyes que el partido de Abascal considera "ideológicas". Aunque el documento no las identifica explícitamente, la ultraderecha ha utilizado este término en el Parlamento andaluz para referirse a las normas de igualdad de género.

Entre las leyes que podrían verse afectadas se encuentran la Ley Trans, pionera en España, la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. El texto solo compromete explícitamente la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra.

Este periódico ha consultado a Vox y a la vicepresidencia de Gavira sobre sus planes para estas unidades de atención a mujeres víctimas de malos tratos, pero han eludido responder. La información disponible no permite conocer los detalles de la futura gestión de estos servicios.