La bibliografía sobre la Segunda República era extensa, pero carecía de estudios sobre el papel del poder judicial. Ese vacío lo cubre ahora el investigador Rubén Pérez Trujillano con dos obras: Jueces contra la República. El poder judicial frente a las reformas republicanas (Dykinson, 2024) y Ruido de togas. Justicia política y polarización social durante la República (1931-1936) (Tirant lo Blanch, 2024). El autor lo resume sin ambages: "El ruido de togas y el ruido de sables coincidieron, se solaparon, se tocaron".
Una depuración inexistente
La República de 1931 nació del empuje popular y del desgaste de la monarquía, pero no acometió una limpieza real del aparato estatal heredado. En la judicatura, solo se decretaron 93 jubilaciones forzosas —otras fuentes elevan la cifra a entre 114 y 125—, un porcentaje insignificante del 11% o 12%. Tampoco prosperaron las bajas incentivadas. Las leyes republicanas iban a ser aplicadas por los mismos jueces del régimen anterior, y el resultado fue un sabotaje sistemático.
La frase "usted haga la ley, que yo haré las sentencias a mi modo" se convirtió en práctica habitual. Aunque la Constitución de diciembre de 1931 proclamó la laicidad del Estado, muchos magistrados siguieron aplicando la moral católica como norma pública. El adulterio continuó siendo castigado, se instruyeron procesos por escarnio contra el dogma y se persiguió la publicación de textos críticos con la religión, como ocurrió con la novela Eso de las hostias. Los jueces llegaban a consultar con las autoridades eclesiásticas los sumarios que podían afectarles.
La cuestión agraria y el nacionalismo
En Andalucía, la judicatura fue decisiva para mantener intacto el problema agrario en su modalidad de huelga de rentas, lo que agravó las tensiones de clase. Los jueces se anticiparon a la normativa agraria del gobierno para proteger a los grandes propietarios. Cuando el Parlamento de Cataluña aprobó en 1934 la Ley de Contratos de Cultivo, que permitía a los rabassaires convertirse en propietarios mediante indemnización, el Tribunal de Garantías Constitucionales la anuló. El nacionalismo español impregnaba al cuerpo judicial, y no pocos jueces eran organizadores de la Falange en Cataluña.
El magistrado del Tribunal Supremo Francisco-Javier Elola reconocía que "los jueces tienden, evidentemente, al conservadurismo; son eminentemente conservadores, por no decir retrógrados". Añadía que la magistratura desnaturalizaba "el sentido de las Constituciones y el sentido de la democracia". Los franquistas lo fusilaron al acabar la guerra civil.
Represión del movimiento obrero
Tras el triunfo de las derechas en 1933 y, sobre todo, después de la huelga campesina de junio de 1934 y la revolución de Asturias, la justicia de clase se convirtió en el hilo conductor de la actividad judicial. Según el Ministerio de Justicia, el movimiento revolucionario provocó un aumento de la población reclusa que agotó los recursos presupuestarios para prisiones.
Los vivas a la "anarquía" o a la "revolución social" se castigaban como desorden público con dos meses y un día de arresto mayor. La ley de 11 de octubre de 1934 tipificó el delito de apología del movimiento revolucionario e instauró la pena de muerte para ciertos delitos políticos. Mientras se perseguía con dureza a demócratas y revolucionarios, se aplicaban atenuantes al líder fascista Onésimo Redondo o se anulaba la causa contra José Antonio Primo de Rivera.
Los dos libros aportan datos nuevos para comprender la conjura antirrepublicana de los aparatos del Estado. La lección, según los autores, es que no se puede cambiar un régimen manteniendo los soportes básicos del anterior. La transición tras el franquismo heredó una monarquía y buena parte del edificio institucional, incluida la judicatura. Un cambio real, concluyen, tendrá que poner patas arriba todo el entramado institucional del Estado monárquico.