El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont y sobre los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. La decisión llega minutos después de que el Tribunal Constitucional haya respaldado que la amnistía cubra también el delito de malversación atribuido a los líderes del procés. Con esta medida, el expresident catalán queda en disposición de regresar a España en cualquier momento.
Llarena no ha esperado a recibir la notificación formal de la sentencia del Constitucional sobre Dolors Bassa para actuar. Según argumenta en su auto, la resolución del tribunal de garantías justifica revisar de inmediato las medidas cautelares vigentes, ya que mantenerlas podría provocar una detención que después resultara improcedente. El juez aclara que esta decisión no supone una ejecución anticipada del fallo ni una extensión automática del mismo al caso de Puigdemont, sino el ejercicio de su capacidad para revisar de oficio las cautelares.
Efectos inmediatos y límites de la decisión
La retirada de las órdenes nacionales de búsqueda y captura ha sido comunicada de manera inmediata a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. El objetivo es evitar que los tres políticos independentistas sean arrestados si deciden volver a España en las próximas horas. Puigdemont ya protagonizó un breve regreso a Cataluña durante la investidura de Salvador Illa, pese a tener la orden de detención activa.
El auto de Llarena especifica que el levantamiento de las cautelares no implica que la amnistía se declare aplicable de forma definitiva. "Este alzamiento no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes", señala el magistrado. Cuando disponga del texto íntegro de la sentencia del Constitucional, Llarena decidirá sin demora si confirma o modifica esta decisión mediante una resolución motivada.
La decisión del Constitucional, adoptada con los siete votos del sector progresista, resuelve el caso de Dolors Bassa pero sienta un criterio extensible a Puigdemont, imputado por malversación desde 2017. Esta acusación mantenía activas las órdenes de detención y las condenas de inhabilitación, lo que impedía a los afectados presentarse a elecciones. El Supremo había rechazado inicialmente amnistiar este delito y planteó una cuestión de inconstitucionalidad, que se sumó a las presentadas por el PP y varias comunidades autónomas. Tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han avalado la legalidad de la norma.
Con esta medida, Llarena pone fin a casi una década de medidas cautelares contra Puigdemont, que fue detenido en Alemania e Italia en procesos de extradición que finalmente no prosperaron. El expresident queda así en condiciones de volver a España, aunque su situación penal no está completamente cerrada a la espera de que el Supremo examine el fondo del asunto.