La AEPD sanciona al Diari de Balears con 15.000 euros por informar sobre policías infiltrados

La AEPD sanciona al Diari de Balears con 15.000 euros por informar sobre policías infiltrados

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al Diari de Balears con 15.000 euros por informar sobre policías infiltrados en movimientos sociales catalanes. La resolución, dictada por el presidente de la agencia, Lorenzo Cotino Hueso, también ordena al medio digital y a su entidad editora, la Associació Ona Mediterrània, censurar cinco artículos.

El Diari de Balears se hizo eco de noticias, publicadas también por otros medios, que destapaban casos de infiltraciones de agentes de policía en movimientos sociales catalanes. Además, publicó informaciones propias sobre agentes procedentes de Mallorca o que se hacían pasar por mallorquines para espiar a activistas organizados en movimientos civiles y políticos pacíficos.

Según ha informado el digital balear, la sanción de la AEPD llega mediante una resolución dictada por su presidente, Lorenzo Cotino Hueso, catedrático de derecho constitucional por la Universidad de València y en el cargo desde 2024. La agencia comunica al Diari de Balears y a la Associació Ona Mediterrània que pretende imponerles una multa de un mínimo de 15.000 euros por cinco noticias en las cuales se recopila información que, según asegura el medio, las redes sociales ya habían revelado previamente.

Además de la multa, imponen la censura de los contenidos

La AEPD no solo pretende imponer una sanción económica, sino que, además, si se confirmara la sanción, les ordena censurar una serie de artículos de opinión y de información para dejarlos inaccesibles a la lectura. La agencia, además, les impide identificar y comunicar cuáles son exactamente las piezas que quiere obligarles a censurar.

Uno de los argumentos de la AEPD para justificar que los datos personales de los policías infiltrados tienen que ser especialmente protegidos es que, dice, eran agentes encubiertos. Pero esta situación no se ajusta a la realidad, tal como reconoció el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, que les definió como “agentes de inteligencia” y relacionó las operaciones con el proceso soberanista de Catalunya.

La figura de agente de inteligencia, reconocida por el ministro Marlaska, es diferente de la señalada por la AEPD de agente encubierto, no tiene una regulación legal específica y no requiere de una supervisión judicial

Hay que recordar que la figura de agente encubierto está regulada por ley y subordinada a una autorización judicial. En cambio, la figura de agente de inteligencia no tiene una regulación legal específica y no requiere de una supervisión judicial.

Tanto Vilaweb, como la Directa, como Diari de Balears ya han anunciado que no aceptan la censura que les quiere imponer la AEPD. Si después de haber presentado las alegaciones se mantiene la sanción, lo llevarán a la justicia ordinaria hasta las instancias que haga falta, también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los tres medios defienden que la identificación de los agentes era necesaria para acreditar la veracidad y el interés público de las infiltraciones

Los tres medios defienden que la identificación de los agentes era necesaria para acreditar la veracidad y el interés público de las infiltraciones. También cuestionan que se pueda aplicar a los policías afectados la consideración de agentes encubiertos, una figura regulada legalmente y sometida a autorización judicial, ya que no han existido causas abiertas que pudieran amparar o justificar el empleo de esta figura policial.

La actuación parte de una denuncia que interpusieron cuatro de los policías que entre los años 2020 y 2023 se infiltraron sin orden judicial en asociaciones, entidades y colectivos de Catalunya y el País Valenciano. En un primer momento, las denuncias fueron inadmitidas a trámite, pero posteriormente la presidencia de la AEPD reabrió el caso e inició el procedimiento sancionador.

El Salto, también en el punto de mira de la AEPD

Además de estos tres medios propuestos para sanción, El Salto también se encuentra inmerso en un proceso similar por parte de la AEPD. Aunque aún no se ha recibido la resolución a las alegaciones presentadas por esta cooperativa, El Salto recibió, en fechas próximas al inicio del proceso de La Directa, un requerimiento semejante, en forma de apertura de expediente.

Este tipo de procesos se enmarca en el contexto de los llamados SLAPP, siglas inglesas para “litigios estratégicos contra la participación pública”, que según la propia Comisión Europea son “demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles —periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros— que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”.