El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha adjudicado 17,47 millones de euros en equipamiento digital para aulas públicas, incluyendo cámaras web y micrófonos, a través de un acuerdo marco que reservaba 12,7 millones para captación de imagen y sonido desde enero de 2023. Las cámaras han sido suministradas por Bechtle, socia de tres empresas señaladas por la organización Who Profits por sus lazos con Israel, y los micrófonos por Seidor, controlada desde 2024 por el fondo estadounidense Carlyle, vinculado históricamente a las familias Bush y Bin Laden.
Contratos y beneficiarios
El acuerdo marco C03/006/2022, formalizado en diciembre de 2024 y dotado con 54,4 millones hasta diciembre de 2026, incluye nueve lotes. El lote 4, de cámaras web de aula, cuenta con 11 millones; el lote 5, de micrófonos personales, con 1,2 millones; y el lote 6, de micrófonos de aula, con 500.000 euros. En 2025, Bechtle se adjudicó los cuatro contratos de cámaras por algo más de 2 millones, mientras que Econocom sumó 510.624 euros en micrófonos personales y Seidor Tech otros 188.224 euros en micrófonos de aula.
La mayor beneficiaria del reparto es Algoritmos, Procesos y Diseños (APD), contratista del Ministerio de Defensa, con 9,1 millones en pantallas interactivas y ordenadores. Onlife SL, filial de Bechtle, se llevó 2,4 millones en ordenadores de sobremesa. Las empresas suministradoras de cámaras y micrófonos son también proveedoras de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, Cyberzaintza.
Denuncias sindicales y respuesta institucional
El 24 de octubre de 2025, el sindicato LAB denunció que Educación había empezado a instalar cámaras en centros públicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa "sin informar previamente y sin el consentimiento" de trabajadores, familias y alumnado. LAB añadió que los dispositivos son "herramientas sin fines pedagógicos" que "se quieren utilizar para el control del personal", y acusó al departamento de "chantajear a las direcciones" al advertirles de que, si rechazaban las cámaras, no recibirían el resto del equipamiento.
El 30 de octubre, Educación respondió con una circular en la que sostenía que "las aulas digitales no son una simple incorporación de equipamiento, sino una herramienta clave para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje" y que las cámaras "no están destinadas al control ni a la vigilancia, sino a facilitar la grabación de contenidos educativos".
A pesar de las protestas, el 28 de noviembre de 2025 el departamento adjudicó a Bechtle un nuevo contrato de cámaras por 186.258 euros y a APD otros dos por 1,9 millones. El 9 de diciembre, se permitió a los colegios retirar las cámaras ya instaladas, pero el contrato marco sigue abierto hasta diciembre de 2026 con cerca de 40 millones sin adjudicar.