El número dos de Hacienda canaria impone un arancel al chocolate extranjero que beneficia a su familia

El número dos de Hacienda canaria impone un arancel al chocolate extranjero que beneficia a su familia

El viceconsejero de Hacienda de Canarias, Gabriel Megías Martínez, firmó una resolución vinculante que obliga a los hoteles a pagar el impuesto AIEM por importar bombones, ocultando su vínculo con la empresa familiar La Isleña. La medida beneficia directamente al negocio chocolatero de su familia, lo que ha generado un escándalo por conflicto de intereses.

La resolución, fechada el 3 de agosto de 2026, responde a la consulta nº 2.331 presentada por una cadena hotelera que opera en Maspalomas y Meloneras. Las grandes cadenas hoteleras, contractualmente obligadas a importar chocolatinas de cortesía con recetas y envases específicos, ahora deben abonar el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM).

Gabriel Megías Martínez es hijo de Andrés Megías Mendoza, histórico director de La Isleña, y familiar directo del actual consejero delegado, Andrés Megías Pombo. Además, firmó las cuentas anuales de 2024 como consejero de la sociedad, aunque en su ficha de transparencia declaró no tener actividad privada.

Un conflicto de intereses en el corazón de Hacienda

La Ley de Incompatibilidades y los códigos de buen gobierno exigen que un cargo público se abstenga de decisiones que afecten a su entorno familiar o empresarial. Megías no lo hizo, lo que ha sido calificado como una línea roja cruzada en la gestión pública.

El editorial de La Gaveta Económica del 17 de agosto señala que "estamos ante una actuación concreta, la firma de una consulta vinculante cuyo criterio tiene consecuencias económicas en un mercado en el que opera la empresa de cuyo consejo forma parte".

La red de influencias en la sombra

El caso revela un entramado de influencias que incluye a Pedro Ortega, director general de La Isleña desde 1989 y presidente de la Confederación Canaria de Empresarios desde julio de 2022. Ortega presidió ASINCA entre 2005 y 2010 y fue consejero de Economía del Gobierno de Canarias entre 2015 y 2019.

La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), que gestiona unos 350.000 euros anuales de dinero público, actúa como brazo de presión para mantener el AIEM. Este cruce de intereses rompe la credibilidad del sistema económico canario.

Posibles consecuencias legales

La actuación de Megías podría activar varios preceptos del Código Penal español:

• Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos (Art. 439): al firmar la consulta, Megías resolvió una política fiscal que encarece el producto de su competencia directa, con penas de inhabilitación de dos a seis años.
• Prevaricación administrativa (Art. 404): emitir una resolución arbitraria motivada por intereses familiares, con penas de inhabilitación de nueve a quince años.
• Falsedad documental y vulneración de la Ley de Incompatibilidades: ocultar su actividad privada en el portal de transparencia podría conllevar el cese automático.

¿Dimisión o cese?

La posición de Gabriel Megías Martínez es insostenible. En cualquier democracia madura, la revelación de este conflicto de intereses fulminaría su carrera. Omitir actividad privada mientras se firman cuentas como consejero mercantil es una infracción grave, y utilizar el poder del Estado para golpear a la competencia internacional del negocio familiar roza el Código Penal.

El sector económico insular advierte que la confianza institucional no puede depender de actos de fe. Megías debe dimitir inmediatamente; si no lo hace, el Gobierno de Canarias tiene la obligación de cesarlo para evitar ser cómplice del secuestro de la Hacienda Pública canaria por parte del cártel del chocolate.