El Gobierno endurece su discurso migratorio por la crisis de Ceuta

El Gobierno endurece su discurso migratorio por la crisis de Ceuta

El Gobierno español ha endurecido su discurso sobre la inmigración irregular tras la crisis fronteriza en Ceuta, prometiendo devolver a todas las personas que cruzaron la frontera entre el 30 y 31 de julio, incluidos los menores. Varios ministros del PSOE han elevado el tono, pero la ley impide las devoluciones exprés y colectivas, especialmente para menores no acompañados y solicitantes de asilo.

La crisis, que mantiene bloqueada la ciudad autónoma, ha llevado al Ejecutivo a intentar trasladar un mensaje de firmeza. Decenas de miles de personas cruzaron la frontera sin control, y cientos de migrantes han dormido en las calles en condiciones de insalubridad, imágenes que alimentan los mensajes xenófobos y la presión de la UE y la oposición.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó en su visita a Ceuta: "Estamos comprometidos a que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos". Sin embargo, gran parte de los migrantes que permanecen son solicitantes de asilo o menores, amparados por la legalidad nacional e internacional.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también se pronunció sobre los menores: "Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos".

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, respalda esta postura: "Para nosotros la única salida es el retorno de todas las personas a Marruecos que llegaron con motivo de la invasión. Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península".

La ley se interpone

Estas promesas chocan con la legislación. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU consagra el interés superior del menor y obliga a los Estados a proporcionar protección especial. En la UE, la normativa refuerza la acogida inmediata de menores. En España, la Ley Orgánica de Extranjería, en su Artículo 35, establece que el Estado debe asumir la tutela obligatoria del menor no acompañado.

Para los solicitantes de asilo, el artículo 33 de la Convención de Ginebra impide expulsar a una persona a un territorio donde su vida o libertad peligren. Mientras se estudia el expediente, la persona tiene derecho a estancia legal temporal, asistencia sanitaria y acceso a servicios sociales.

El Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 regula el retorno de menores, pero exige un expediente individual para cada menor, ya que las devoluciones en bloque están prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, es obligatorio un informe de la Fiscalía y una resolución motivada.

En 2024, el Tribunal Supremo sentenció que la devolución de menores no acompañados desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal, al omitir los pasos administrativos y la evaluación del interés del menor.

La normalización de Ceuta será larga, con trámites de filiación e identificación de menores en curso. La información disponible no detalla plazos ni cifras exactas de devoluciones, pero la ley marca límites claros a la acción del Gobierno.