Don Benito pagará 6.500 € a Javier Torres por plagiar su cartel del Carnaval

Don Benito pagará 6.500 € a Javier Torres por plagiar su cartel del Carnaval de Santa Cruz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado de forma definitiva la condena al Ayuntamiento de Don Benito por vulnerar los derechos de propiedad intelectual del diseñador Francisco Javier Torres Franquis. El consistorio utilizó para anunciar su Carnaval de 2025 una versión prácticamente idéntica del cartel que el autor creó para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2016. La sentencia, que ya no admite recurso, obliga al Ayuntamiento a indemnizar al diseñador con 6.500 euros.

El fallo inicial fue dictado el 7 de enero por el Juzgado de lo Mercantil de Mérida. El Ayuntamiento recurrió y sostuvo, entre otros argumentos, que Francisco Javier Torres no estaba legitimado para demandar porque los derechos sobre el cartel pertenecían al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La Audiencia rechaza ese razonamiento y recuerda que haber cedido una obra para anunciar una edición concreta de un acontecimiento no significa que el creador pierda su condición de autor ni que transfiera automáticamente todos sus derechos.

El cartel utilizado para anunciar el Carnaval de Don Benito de 2025 fue realizado por el departamento de Comunicación municipal después de que el concurso convocado por el Ayuntamiento quedara desierto. El consistorio, entonces gobernado por María Fernanda Sánchez Rodríguez, del partido local Siempre Don Benito, utilizó un trabajo ajeno sin permiso y, cuando su creador acudió a la Justicia, trató de apartarlo del procedimiento alegando que aquel trabajo ya no le pertenecía.

El autor tuvo que defenderse solo

Torres no acudió directamente a los tribunales. Cuando descubrió la copia, envió un correo electrónico al Ayuntamiento de Don Benito en febrero de 2025 y posteriormente remitió un burofax para intentar solucionar el conflicto antes del comienzo de las fiestas. No obtuvo respuesta. Ante el silencio institucional, presentó una demanda civil el 30 de julio de 2025.

Tampoco el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la institución que había encargado y utilizado el cartel original, figuró como demandante ni consta que se personara en el procedimiento para defender la obra. La reclamación fue impulsada por el propio autor, que tuvo que asumir la iniciativa, acudir a un abogado y sostener el proceso hasta obtener dos resoluciones favorables.

En cuanto al plagio, la Audiencia considera que resulta «ostensible». Ambos carteles comparten como protagonista un chicharro construido mediante formas geométricas, además de una estructura, una composición y un tratamiento visual prácticamente idénticos. La resolución sostiene que «un simple vistazo a los dos carteles permite apreciar la enorme similitud».

El Ayuntamiento de Don Benito defendió que el pez era un motivo habitual en las celebraciones de Carnaval por su relación con el entierro de la sardina. El tribunal descarta también este argumento: la obra original no representa una sardina, sino un chicharro, símbolo estrechamente vinculado a Santa Cruz de Tenerife. Las modificaciones introducidas en el cartel de Don Benito eran accesorias y no alteraban los elementos esenciales de la creación de Torres.

La condena incluye el pago de 2.500 euros por daños materiales y 4.000 por daños morales. Además, el Ayuntamiento deberá cesar en el uso de la obra, retirar y destruir todos los ejemplares físicos y digitales del cartel plagiado, publicar la resolución judicial en medios locales y regionales y asumir las costas del recurso de apelación.

El caso demuestra que las reclamaciones amistosas no obtuvieron respuesta, ninguna administración defendió activamente al diseñador y el Ayuntamiento condenado intentó negar que pudiera reclamar. La única protección efectiva llegó cuando Francisco Javier Torres decidió acudir personalmente a los tribunales. Los derechos de autor existen en la ley, pero, cuando las instituciones no los respetan ni los defienden, hacerlos valer sigue dependiendo demasiadas veces de que el profesional disponga de tiempo, dinero y determinación para demandar.