El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue arrestado este jueves en un operativo sorpresivo mientras descendía de un avión en la ciudad de Sucre. La detención se produjo horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocara la visa y lo incluyera en una lista de funcionarios acusados de corrupción. El Ministerio Público boliviano denunció el hecho como un "secuestro" y advirtió que no se está respetando la institucionalidad del Estado.
Mariaca es la máxima autoridad del Ministerio Público y tiene a su cargo la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, acusado del intento de asesinato de su expareja Nadia Beller y de presuntos vínculos con el narcotráfico en la región de Beni. La detención se produjo luego de que Washington acusara al fiscal de "socavar gobiernos elegidos democráticamente" y de poner en peligro los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir el narcoterrorismo.
Un operativo cuestionado
Según relataron funcionarios del Ministerio Público en una conferencia de prensa, Mariaca fue interceptado por un sector de la Policía Boliviana cuando aguardaba un vuelo con destino a Santa Cruz para cumplir con su agenda institucional. Durante la conferencia, hombres encapuchados y con chalecos del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) irrumpieron en la sede del organismo para allanar y detener a todo el personal judicial.
"Queremos denunciar el secuestro del fiscal general del Estado y la vulneración de los derechos humanos", afirmó un funcionario de la Fiscalía mientras los uniformados interrumpían la rueda de prensa. "Se están vulnerando los derechos y no se está respetando la institucionalidad del Estado", insistió.
Junto a Mariaca también fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Hasta el momento, ni el gobierno boliviano ni la Policía han brindado información oficial sobre las razones de las detenciones.
El trasfondo del caso Cerimedo
La detención de Mariaca se enmarca en una trama que involucra al exconsultor argentino Fernando Cerimedo, quien permanece con prisión preventiva en Bolivia. Cerimedo fue señalado como parte de una red de protección a narcotraficantes del departamento de Beni, fronterizo con Brasil, a partir de audios presentados por el vicepresidente boliviano, Edman Lara.
La difusión de esas pruebas precedió a la decisión del Departamento de Estado de acusar a Mariaca de "poner en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo". El fiscal rechazó las acusaciones y vinculó la medida de Washington con las implicaciones del caso Cerimedo dentro y fuera de Bolivia. El Gobierno boliviano calificó las acusaciones de "graves" y solicitó a Estados Unidos la información correspondiente.
Mariaca fue elegido fiscal general en octubre de 2024 para un periodo de seis años por el anterior Legislativo, donde tenía mayoría el Movimiento al Socialismo (MAS). El Legislativo boliviano tiene prevista una sesión para analizar la información que envíe Estados Unidos y evaluar la posible conformación de una comisión investigadora.
La detención del fiscal general y de Zeballos profundiza la crisis institucional en Bolivia y añade presión sobre un caso que ya involucra a actores internacionales y a la justicia de varios países.