Adrián R. C., un opositor de 26 años detenido en junio por esconder una cámara oculta en el baño de mujeres de una sala de estudio en Sangonera La Seca (Murcia), había obtenido una plaza de interino en un colegio de Infantil y Primaria de Lorca. La Consejería de Educación, que en un primer momento defendió que un procedimiento judicial no equivale a una condena, terminó suspendiéndolo provisionalmente y anulando su incorporación al centro, prevista para el 2 de octubre.
El arresto se produjo después de que el sospechoso aprobara la primera prueba de las oposiciones de Maestro, celebrada el 20 de junio. Quedó en libertad con cargos y pudo presentarse a la segunda fase, la oral, en la que defendió su programación didáctica y expuso un tema. Superó el proceso y su nombre apareció en el listado definitivo de adjudicatarios de plaza en Primaria, un documento público consultable en la web de la Comunidad. En la casilla de función figuraba "Sin perfil" y se le asignaba una vacante de sustitución a jornada completa.
El caso que originó la detención
La investigación comenzó cuando una mujer encontró la cámara, camuflada en un bolígrafo, en el baño femenino de la sala de estudio y la entregó a la Policía Nacional. Según informó el cuerpo, el análisis del dispositivo reveló que había sido colocado enfocando directamente el urinario femenino y que contenía imágenes de varias mujeres en las que se apreciaban con nitidez sus zonas íntimas. Los agentes identificaron al sospechoso mediante las cámaras de seguridad de la zona y lo detuvieron tras montar un dispositivo de vigilancia que lo sorprendió cuando accedía de nuevo a la sala. Llevaba consigo más dispositivos electrónicos que fueron requisados.
El docente fue imputado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y deberá responder ante la autoridad judicial cuando sea citado. El curso anterior ya había ejercido como docente en un colegio público de Infantil y Primaria de Cartagena. Compañeros de profesión mostraron su malestar y calificaron de "indignante" que una persona acusada por esos hechos pudiera pedir y ejercer la docencia.
La respuesta de la Consejería
La Consejería de Educación sostuvo inicialmente que "un procedimiento judicial no equivale a una condena" y que la pertenencia a las listas de interinos y la adjudicación de plazas por orden de puntuación son derechos de quienes las integran. No obstante, horas después emitió un nuevo comunicado en el que anunció la suspensión provisional de funciones del docente hasta que finalice el procedimiento judicial, por lo que finalmente no se incorporará al centro.
El caso ha generado un debate sobre los mecanismos de protección en el ámbito educativo y la necesidad de actuar preventivamente cuando un aspirante a docente está siendo investigado por delitos graves.