Más de 31.000 empresas han cerrado en Argentina desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La cifra equivale a cerca del 6% del total de compañías del país y contrasta con los datos de crecimiento económico que el gobierno exhibe como su principal logro.
El fenómeno no es aislado. Mientras el Producto Interno Bruto creció un 2,2% en el primer semestre del año y la inflación se desplomó desde más del 211% inicial hasta el 33,5%, amplios sectores de la economía real siguen sin recuperarse. La brecha entre los números macroeconómicos y la vida cotidiana de los argentinos se ha convertido en el centro del debate político.
Una economía a dos velocidades
El crecimiento ha estado liderado por la minería, la energía, el agro y la intermediación financiera, sectores que están ingresando divisas récord al país. En contraste, el comercio y la industria manufacturera atraviesan serias dificultades, golpeados por la caída del consumo, el aumento de las tarifas de servicios básicos y la apertura de las importaciones.
"El problema es que le está yendo mal a los sectores que generan más empleo", explica Hernán Letcher, director del CEPA. Según su análisis, la combinación de salarios reales en caída, costos crecientes y mayor competencia externa ha reducido el tamaño del mercado interno, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
La Unión Industrial Argentina (UIA) ha advertido que, pese a los avances en estabilidad macroeconómica, el sector industrial enfrenta una situación "crítica" por la alta presión fiscal y las dificultades para financiarse. La transición hacia un nuevo esquema económico, señalan, "no es homogéneo ni inmediato".
El costo social del ajuste
Detrás de las cifras empresariales hay historias como la de Alejandro Marchizotti, dueño de una hamburguesería en San Andrés que cerró a fines de mayo. "El negocio anduvo bien hasta que bajó muchísimo el consumo y tuve que cerrar", relata. Llegó a tener cinco empleados y terminó con uno solo antes de bajar la persiana.
El impacto social del ajuste es profundo: uno de cada tres argentinos vive en la pobreza, el desempleo bordea el 8% y la morosidad afecta a cerca de un tercio de quienes han pedido crédito. La precarización laboral ha empujado a muchos a trabajar de manera informal, sin contrato ni seguridad social.
El propio Milei reconoció en Nueva York que la creación de empleo se está dando en el sector informal. "Hay contracción en el sector formal y hay expansión en el sector informal. En el neto es expansivo", declaró. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había anunciado antes la creación de más de medio millón de puestos de trabajo, una afirmación que economistas cuestionan al señalar que el empleo formal ha caído.
El debate sobre las cifras
No todos los economistas comparten la lectura pesimista. Miguel Boggiano, director de CDI Capital, califica el número de cierres como "engañoso" y sostiene que muchas de las empresas que cerraron tenían uno o dos empleados. "Si el crecimiento está en un máximo histórico, ¿cómo puede ser que se estén destruyendo tantas empresas?", se pregunta.
Para Boggiano, el país atraviesa un cambio estructural hacia industrias orientadas a la exportación, y los sectores que se financiaban con emisión monetaria en gobiernos anteriores son ahora los más golpeados. "A los que les va peor, si no se adaptan, quiebran", había sentenciado Milei al respecto.
Guido Zack, economista de Fundar, discrepa con la forma en que se está abriendo la economía. "Hay que abrirla en igualdad de condiciones", afirma, y advierte que muchas empresas extranjeras pagan menos impuestos que las locales, lo que constituye "una sentencia de muerte para muchas empresas nacionales".
El debate sobre el cierre de empresas, la pérdida de empleos formales y el costo de vida seguirá abierto, especialmente cuando entre en vigencia el aumento pendiente de impuestos a los combustibles y de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.