Casa Blanca autoriza a empresas de ciberseguridad a operar contra ciberdelincuentes

Casa Blanca autoriza a empresas de ciberseguridad a operar contra ciberdelincuentes

La Casa Blanca ha puesto en marcha un programa que permite a empresas privadas de ciberseguridad llevar a cabo operaciones autorizadas por el Gobierno contra grupos de ciberdelincuentes extranjeros. Esta iniciativa, enmarcada en la lucha contra el cibercrimen transnacional, incluye la vigilancia y la interrupción de la infraestructura de estas organizaciones.

El programa, establecido mediante un memorando presidencial, busca incorporar la innovación del sector privado para combatir las amenazas que representan las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés). Estas organizaciones llevan a cabo campañas cibernéticas sostenidas para perpetrar fraudes que afectan a ciudadanos, empresas y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Alcance y supervisión del programa

El Centro Nacional de Coordinación (NCC) será el encargado de crear, gestionar y mantener el programa. Las empresas participantes, denominadas "Compañías Participantes", podrán realizar operaciones de vigilancia y efectos cibernéticos contra organizaciones criminales transnacionales habilitadas por el ciberespacio (CE-TCO), siempre bajo el control y supervisión del Gobierno federal.

La supervisión estará a cargo de dos directores ejecutivos: uno designado por el Departamento de Justicia y otro por el Departamento de Seguridad Nacional. Estos directores deberán coordinar entre sí para aprobar las operaciones, aunque no podrán autorizar aquellas que puedan resultar en "Resultados Críticos", como pérdida de vidas o ataques armados según el derecho internacional.

Las empresas interesadas deberán firmar acuerdos contractuales con el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional, que incluirán una rigurosa evaluación de sus capacidades técnicas, seguridad de sus instalaciones y verificación de su personal. Además, se exigirá una fianza o depósito en garantía de al menos 1 millón de dólares, que podría perderse en caso de incumplimiento del contrato.

Procedimientos operativos y protección de derechos

Los directores ejecutivos, en coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional, deberán establecer procedimientos operativos consensuados en un plazo de 60 días. Estos procedimientos garantizarán la supervisión y control total del Gobierno sobre las acciones de las empresas participantes. Se incluirán requisitos como la divulgación de todas las relaciones contractuales, la presentación de informes periódicos y la revisión anual de la participación de cada empresa.

El programa también contempla medidas para proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Cualquier operación que pueda afectar a una persona o sistema en Estados Unidos requerirá la autorización judicial necesaria antes de su aprobación. Si una empresa participante descubre que ha excedido los límites de la operación aprobada, deberá detenerla de inmediato, aplicar procedimientos de minimización y notificar al NCC, que a su vez informará al Departamento de Justicia.

Las empresas participantes podrán recibir información sobre amenazas de entidades privadas y agencias gubernamentales, lo que les permitirá proponer operaciones específicas al NCC. Sin embargo, todas las acciones se realizarán exclusivamente en nombre y bajo la supervisión del Gobierno federal, de acuerdo con las leyes y obligaciones internacionales de Estados Unidos.

El memorando, firmado por el presidente Donald J. Trump, establece que el programa se implementará de acuerdo con la ley y sujeto a la disponibilidad de fondos. Los directores ejecutivos deberán presentar informes periódicos sobre el estado del programa al Asistente del Presidente y Asesor de Seguridad Nacional, así como al Director de Ciberseguridad Nacional.