La Fiscalía de Bolivia denunció el secuestro del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, durante la noche en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Ambos fueron interceptados y aprehendidos por efectivos cuya identidad institucional aún no se ha esclarecido. El hecho ocurre en un momento de alta sensibilidad política.
Según información preliminar, los funcionarios fueron retenidos dentro de la terminal aérea y posteriormente trasladados a El Alto para ser procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico. No existe un comunicado oficial que precise qué fuerza ejecutó el operativo ni bajo qué mandamiento judicial se actuó. Tampoco se conoce el motivo formal de las aprehensiones ni si pesaban órdenes previas contra los fiscales.
Reacción institucional y nuevos nombramientos
Tras los hechos, se registró un intenso movimiento policial en el aeropuerto cruceño, con presencia de efectivos de la Interpol y restricciones al acceso de la prensa. La policía también intervino la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y allanó el domicilio de Mariaca en la zona norte de la capital cruceña.
A primera hora de la mañana, las autoridades bolivianas anunciaron la designación de Luis Montaño como nuevo fiscal general interino de Bolivia, mientras que Mabel Andrade asumió como fiscal departamental interina en sustitución de Zeballos.
Mariaca y Zeballos figuran en la lista de funcionarios a los que el gobierno de Estados Unidos retiró su visa de ingreso, bajo el argumento de impedir la entrada a personas vinculadas con la corrupción y el narcotráfico. El traslado a El Alto y el procesamiento por presuntos vínculos con el narcotráfico siguen el guion impuesto por Washington tras la investigación de Mariaca contra Fernando Cerimedo.
El hermetismo en torno al operativo alimenta múltiples interrogantes en un momento clave para la vida democrática del país. Hasta el cierre de esta información, no se ha identificado a los responsables materiales ni se ha esclarecido la situación judicial de los fiscales detenidos.