El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido no ingresar cerca de 60 millones de euros durante las próximas siete décadas procedentes de las tasas que podrían pagar las empresas privadas que explotarán residencias y centros de día en parcelas públicas. La medida, que afecta a los conciertos público-privados del conocido como Plan 40-40, supone una renuncia millonaria para las arcas regionales.
La administración que preside Isabel Díaz Ayuso argumenta que los concesionarios ya están obligados a ofrecer plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado, lo que limita su capacidad de negocio. Según la documentación publicada en el portal de contratación, esta circunstancia justifica la exención de la tasa.
El impacto económico de la renuncia
El montante final podría ser aún mayor. La Comunidad de Madrid espera licitar 33 cesiones de parcelas adicionales para levantar más residencias y centros de día, hasta alcanzar un total de 40 espacios de estas características. Solo con los primeros siete terrenos, el resultado sería de 800.109,54 euros anuales, calculados a partir de un rango que va desde los 37.953,44 euros hasta los 230.599,70 euros por concesionario al año.
Dado que las adjudicaciones son a 70 años, prorrogables hasta 75, la región dejaría de ingresar unos 56 millones de euros por esos primeros siete centros. Con la ampliación a 40 espacios, la cifra superaría los 60 millones solo en esta primera fase.
La versión del Ejecutivo regional
El Gobierno madrileño defiende que el beneficio obtenido por las plazas públicas que se abrirán será hasta cinco veces superior al dinero que se recaudaría con las tasas. En la documentación se argumenta que "las condiciones y las obligaciones para el concesionario hacen disminuir el valor que obtiene con la explotación del centro en comparación con el beneficio que obtendría una residencia privada que no estuviera obligada a reservar un número de plazas a favor de la Comunidad de Madrid".
Asimismo, sostienen que los concesionarios ya pierden alrededor de 600.000 euros al año por no poder explotar todas las plazas a precios de mercado. La administración asegura que la cesión del suelo será "completamente" gratuita y que la contraprestación económica por las plazas públicas supera con creces las tasas: 619.000 euros anuales por las cinco últimas residencias licitadas, frente a unos tres millones de euros.
La oposición del PSOE y Más Madrid en el Ayuntamiento, que cede las parcelas, no comparte estos argumentos. Consideran que el plan es un "desmantelamiento" difícil de revertir y más una promesa electoralista que una realidad. Incluso Vox ha criticado la decisión.
El Plan 40-40, que prevé 6.000 nuevas plazas de residencia y 2.000 de atención diurna, sigue generando controversia mientras la Comunidad de Madrid mantiene su postura de que la compensación económica para la región es superior a la renuncia de las tasas.