El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha decidido archivar la causa penal que investigaba a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a varios miembros de su equipo por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas al fondo buitre Blackstone en 2013. El juez argumenta que no existen elementos suficientes para acreditar los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les imputaban. La operación, que se realizó por debajo del precio de mercado, ya fue objeto de una condena por parte del Tribunal de Cuentas el pasado diciembre.
Una operación bajo sospecha
La venta se aprobó el 20 de junio de 2013 en Junta de Gobierno y se adjudicó a dos sociedades de Blackstone a través de la empresa Fidere. Según el Tribunal de Cuentas, los inmuebles se vendieron por 128,5 millones de euros cuando podrían haber alcanzado más de 151 millones. La oferta más alta recibida fue la de Harbor Group, que llegó a los 130 millones, pero no fue la elegida. La operación incluyó 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, además de otros 89 elementos no vinculados a los fondos buitre.
Diversos informes señalaron múltiples irregularidades: falta de documentación básica, ausencia de tasación fiable, incumplimiento de las leyes de contratación pública y de los principios de igualdad, transparencia y concurrencia. El procedimiento se diseñó por lotes, lo que limitó la competencia, y se llevó a cabo en apenas 15 días de negociación directa.
Consecuencias judiciales dispares
A pesar del archivo penal, el Tribunal de Cuentas condenó en diciembre a Ana Botella y a siete miembros de su gobierno a pagar casi 23 millones de euros por responsabilidad contable. Entre los condenados se encuentran Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro, Pedro Corral y Fermín Oslé, exresponsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).
El auto judicial reconoce que hubo irregularidades formales, pero considera que el proceso respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia, y que la venta se decidió para paliar una "angustiosa situación económica". Fuentes municipales han indicado que el Ayuntamiento está estudiando la decisión judicial.
Reacciones y recursos
El PSOE y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS han anunciado que recurrirán el archivo. La presidenta de la asociación, Arantxa Mejías, ha confirmado a Europa Press que impugnarán el sobreseimiento. Mientras tanto, la sala del Tribunal de Cuentas que debe resolver el recurso contra la condena está compuesta mayoritariamente por consejeros propuestos por el PP, lo que añade incertidumbre al proceso.
La venta de vivienda pública a fondos buitre sigue siendo un asunto polémico que enfrenta versiones judiciales contradictorias y deja en el aire la responsabilidad final de los implicados.