Andalucía deriva pruebas diagnósticas a Murcia por 62,5 millones

Cientos de pacientes de la provincia de Granada tendrán que desplazarse fuera de Andalucía para someterse a pruebas diagnósticas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Junta de Juanma Moreno ha adjudicado un contrato de 62,5 millones de euros a la empresa privada Scanner Murcia para derivar a estas personas, que se encuentran en lista de espera, a la región vecina.

El acuerdo implica que los pacientes granadinos deberán coger la carretera y salir de los límites de la comunidad andaluza para realizarse pruebas como resonancias, escáneres o mamografías. La empresa adjudicataria, Scanner Murcia, está especializada en este tipo de servicios.

Críticas del PSOE y exigencia de explicaciones

La decisión ha generado una fuerte contestación por parte del PSOE de Andalucía y de Granada. Su portavoz en materia de sanidad, Mari Ángeles Prieto, ha solicitado que la Junta revoque el acuerdo y ha reclamado transparencia: “62,5 millones de euros en conciertos con la privada merecen 62,5 millones de explicaciones”.

Prieto también ha exigido que los pacientes de toda la provincia puedan realizarse las pruebas cerca de sus domicilios y que los hospitales de la capital y los comarcales de Baza, Guadix, Loja y Motril cuenten con capacidad suficiente para asumir estas pruebas dentro de la sanidad pública.

Contexto de privatización sanitaria

Esta adjudicación se suma a otras medidas del Ejecutivo autonómico que, según sus críticos, favorecen la privatización de servicios y recursos sanitarios. El contrato con Scanner Murcia supone derivar pruebas diagnósticas a una empresa privada de otra comunidad autónoma, lo que obliga a los pacientes a desplazarse fuera de Andalucía.

El PSOE insiste en que la sanidad pública andaluza debe tener los medios necesarios para realizar estas pruebas en los hospitales de la provincia de Granada, evitando así los desplazamientos y garantizando la atención cercana.

La adjudicación del megacontrato a Scanner Murcia por 62,5 millones de euros sigue generando debate político y social en Andalucía, mientras los pacientes afectados esperan conocer cómo se organizarán los desplazamientos y cuándo podrán realizarse las pruebas.