La instalación de una casa móvil de segunda mano en una parcela rústica de Casabermeja ha llevado a su propietario ante la justicia. La Fiscalía le acusa de un delito contra la ordenación del territorio y solicita una condena de 15 meses de prisión. El caso plantea un debate jurídico sobre si una estructura transportable puede considerarse una edificación a efectos penales.
El investigado adquirió la parcela en 2022. Según su defensa, el terreno ya contaba con diversos elementos, como dos depósitos cilíndricos, un contenedor rectangular y un vallado perimetral, que estaban presentes antes de la compra. El abogado sostiene que no se le pueden atribuir obras que nunca ejecutó.
La clave: ¿construcción o bien mueble?
El propietario reconoce haber instalado una mobile home de segunda mano, pero niega que se trate de una construcción. La estructura conservaba sus ruedas, no estaba cimentada y podía ser trasladada en pocos minutos sin necesidad de un vehículo especial, según un informe de la empresa suministradora. Para la defensa, esto la convierte en un bien mueble, no en una edificación fija.
La Fiscalía, en cambio, considera que la instalación presenta capacidad para un uso residencial. El abogado del investigado rechaza esta interpretación y afirma que la casa móvil no era su vivienda: "No reside, ni ha residido nunca, en la parcela". Además, ninguna inspección de la Guardia Civil o del técnico municipal constató que hubiera alguien viviendo allí.
El letrado también cuestiona que se haya ordenado la búsqueda y captura del investigado tras un intento fallido de notificación en la parcela. Señala que esto demuestra que no había vocación de permanencia en el lugar.
Petición de absolución y crítica a la vía penal
La defensa argumenta que, incluso si existiera alguna irregularidad urbanística, debería resolverse por la vía administrativa y no con una pena de prisión. A su juicio, el artículo 319 del Código Penal no se ve afectado por una estructura que se desmonta con facilidad y cuya afección al terreno es "nula o irrelevante".
El caso sigue su curso judicial mientras el propietario espera que se determine si su 'casa móvil' es una construcción ilegal o simplemente un bien mueble mal interpretado.