En pleno siglo XXI, la legislación de una quincena de estados de Estados Unidos sigue amparando a los progenitores que, invocando sus creencias religiosas, se niegan a proporcionar atención médica a sus hijos. Esta exención penal, que en algunos casos alcanza delitos graves como el homicidio, ha sido denunciada como una forma de maltrato institucionalizado que deja a los menores en una situación de total indefensión.
Un mapa de la impunidad
La normativa vigente en 15 estados contempla exenciones en el Código Penal para delitos graves, incluido el homicidio, cuando los padres alegan motivos religiosos para impedir el tratamiento médico de sus hijos. Esto significa que, si un menor fallece por falta de atención sanitaria, sus padres pueden quedar exentos de cualquier acusación.
Además, otros 12 estados (señalados en color amarillo en el mapa difundido) aplican exenciones para delitos menores. En estos casos, si el maltrato médico no deja secuelas permanentes ni causa la muerte, no existe castigo alguno, aunque el niño haya padecido sufrimiento y convaleciencia durante meses hasta recuperarse.
Esta realidad legal convierte a los padres en criminales potenciales protegidos por la ley, y a los menores en víctimas sin amparo frente a decisiones que pueden costarles la vida.
El origen: adoctrinamiento y fanatismo
El análisis señala que la base de este fenómeno se encuentra en el adoctrinamiento infantil, que impide el desarrollo psicológico normal de los niños y los aboca a convertirse en adultos peligrosamente irracionales. La combinación de fe extrema y desprecio por la medicina científica genera un cóctel que, en la práctica, legaliza el abandono y la muerte evitable.
La paradoja es que estas leyes, lejos de proteger la libertad religiosa, amparan la negligencia criminal y vulneran los derechos más básicos de la infancia. Mientras tanto, los defensores de la ciencia y los derechos humanos exigen una revisión urgente de estas exenciones que, en la práctica, legalizan el maltrato infantil.
El debate sigue abierto en un país donde la separación entre Iglesia y Estado parece difuminarse cuando se trata de la vida de los menores.